167 amparos más a favor de la ILE en México.

Cimacnoticias
De la Redacción
13 de julio de 2009

Luego de que el ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, presentó el lunes pasado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las reformas constitucionales que prohíben la interrupción legal del embarazo (ILE) en la entidad aún por violación, 167 mujeres se ampararon ante los juzgados de Distrito estatales porque las reformas desconocen sus derechos, plenamente reconocidos en la Constitución federal.

En un comunicado, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) informó que el viernes pasado 167 mujeres se ampararon, con lo que Guanajuato se suma a Colima (67 amparos), Sonora (72) y Quintana Roo (76), elevando la lista nacional a 382 amparos.

De acuerdo con información del guanajuatense Centro Las Libres de información en salud sexual, el cabildo de Uriangato Carlos Guzmán Camarena, del Partido Verde Ecologista, presentó la controversia contra las reformas constitucionales aprobadas el pasado 29 de mayo por el Congreso estatal, que reconocen la vida desde el momento de la concepción (sic) y por tanto otorga derechos jurídicos al no nacido.

Hace dos semanas, el ayuntamiento aprobó interponer la controversia constitucional. Por ello, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, consideró que si la SCJN determina que la ley local atenta contra la Constitución federal, Uriangato sería el único municipio de la entidad “donde un embrión no sería considerado persona”.

Desde el año 2000, cuando en el Distrito Federal se discutía la llamada Ley Robles para ampliar las causales del aborto, en Guanajuato el Congreso del estado presentó una iniciativa impulsada por el Partido Acción Nacional, que buscaba penalizar el aborto por violación mediante reformas al Código Penal de la entidad.

La iniciativa fue vetada entonces por el gobernador del estado, Ramón Martín Huerta, tras considerar que no respondía al reclamo de la ciudadanía que opinaba en un 55 por ciento --de acuerdo con una encuesta que él mandó a realizar-- estar en contra de penalizar el aborto por esta causal.

Desde entonces, la lucha por criminalizar a las mujeres que decidan realizarse una ILE en este estado no ha cesado. Según información de Las Libres, pese a que en la entidad se permite el aborto bajo ciertas causales, nunca se ha permitido a una mujer que ejerza este derecho.

Recientemente, con las reformas aprobadas por el Congreso estatal para prohibir totalmente la ILE, la organización civil internacional Human Rights Watch emitió una misiva al gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez, donde le manifestó su preocupación por dichas reformas.

En ella, le informa que a tres años de haber realizado una investigación en el estado (2005) a su regreso, en 2008, pudo constatar que el número de interrupciones legales de embarazo en la entidad era nulo, pese a que se registraron durante 2007, 105 denuncias por violación, de las cuales 25 fueron en menores de edad, mientras que de enero a septiembre de 2008, se registraron 126. De ellas, 51 correspondieron a menores de edad.

Baja California fue la primera entidad federativa en presentar una controversia constitucional ante la SCJN por las reformas aprobadas por su Congreso en diciembre de 2008 que protegen la vida desde el momento de la concepción (sic), misma que fue promovida por el Ombudsman de la entidad, Francisco Sánchez Corona.

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