martes, junio 15, 2010

Comunicado de prensa – 12 de junio de 2010

A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Los padres y madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, integrados al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Asociación Civil, por este medio nos permitimos exponer lo siguiente:
Expresamos nuestro rechazo a la impúdica serie de presiones que el Gobierno Federal y diversos ex funcionarios están haciendo en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretendiendo revocar o al menos atenuar el señalamiento de responsables y responsabilidades, que resulten del dictamen definitivo que nuestro más Alto Tribunal habrá de emitir a partir del proyecto formulado por el ministro Arturo Zaldívar, durante las discusiones que tendrán lugar del próximo 14 de junio en adelante.
Las presiones a que hacemos referencia, las localizamos, entre otros, en los siguientes hechos:
A) La sospechosa publicidad y pretendida sobrevaloración de un supuesto dictamen pericial, presumiblemente formulado por un equipo de “expertos” cuyas credenciales no han sido demostradas, a petición de dos familiares de víctimas del siniestro, y ordenado por un Agente del Ministerio Público de la Federación, dentro de la averiguación previa número AP/PGR/SON/HER-V/1132/2009.
Al respecto, debemos señalar que, de existir ese peritaje, aún forma parte de las pruebas acumuladas por el ministerio público dentro de dicha indagatoria, la cual, al no haber sido consignada todavía ante un Juez de Distrito en el Estado de Sonora, no forma parte de ninguna causa penal, y por ello no puede tener los efectos mágicos de que con tal peritaje, en automático se reclasifiquen los delitos de culposos a dolosos. Por su naturaleza, la prueba pericial, en un proceso penal, debe ser colegiada, es decir rendida por tantos peritos como las partes pretendan; esto es, si el Representante Social Federal consigna los hechos ante un Juez Federal incluyendo esa prueba pericial, la misma puede ser cuestionada a través de otros peritajes que ofrezcan las demás partes, entre ofendidos y procesados, y en caso de existir dictámenes periciales contradictorios, el Juez de la Causa Penal puede nombrar a un perito tercero en discordia.
Con ello se evidencia que el peritaje que publicita la parte oficialista, pretendiendo que se crea que con el mismo se cambia radicalmente el proceso penal iniciado desde los autos de formal prisión dictados a partir de agosto de 2009, en realidad es una prueba más sujeta al cuestionamiento, impugnación y contradicción que las otras partes interesadas entre ellos nosotros los padres y madres afiliados al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A.C., podemos formular en el momento en que sea presentada por el Ministerio Público de la Federación.
En realidad, con esa prueba, que desde el principio ha sido esgrimida por el Gobierno Federal a través del Secretario de Gobernación, y se ha mantenido en poder del Procurador General de la República, sin anexarla a la averiguación previa antes indicada, se pretende crear un ambiente de confusión, precisamente en los momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de decidir lo correspondiente a la facultad investigadora que está ejerciendo para determinar si en el caso de la Guardería ABC se violaron gravemente las garantías individuales.
Lo anterior resulta así porque de aceptarse la especie de una “intencionalidad” (obviamente, sin señalar ni identificar responsables del acto perverso de prender fuego intencionalmente a la bodega de la Secretaría de Hacienda, que se propagó a la Guardería ABC con los funestos resultados que todos conocemos), la consecuencia lógica sería: que las responsabilidades que actualmente están siendo imputadas procesalmente a los dueños de la Guardería, a los empleados y funcionarios de la Delegación Estatal del Seguro Social en Sonora y a 13 servidores públicos de nivel medio e inferior de la Administración Estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo, así como también las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales que resulten de la investigación de la Suprema Corte, atribuidas a Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours y otros funcionarios y ex funcionarios federales y estatales, habrían de diluirse o atenuarse en extremo, al grado tal que quedarían impunes los actos y omisiones en que todos ellos incurrieron y que les costaron la vida a 49 niñ@s y lesiones de distintos niveles de gravedad a otr@s 80.
Aunado a las razones que exponemos, tenemos una duda fundada acerca de la credibilidad y validez del tal peritaje, pues ese documento ha estado, como está, oculto, no sólo a la opinión pública (a la que trata de convencerse acerca de su eficacia superior al trabajo de los expertos de la compañía norteamericana McMullen, cuyos servicios contrató la Suprema Corte), sino a quienes también somos padres y madres de menores afectados por el incendio; el ocultamiento, y manejo tendencioso que al respecto se ha hecho, nos lleva a considerar lo que ya hemos denunciado previamente: en realidad se trata de una argucia del oficialismo y sus corifeos para confundir y presionar a nuestro Órgano Superior de Justicia.
Inclusive, el día de ayer viernes 11 de junio, se comunicaron con nosotros los representantes de la empresa McMullen, para solicitarnos información (que obviamente no pudimos proporcionarles) acerca de quienes se dicen expertos cuyo dictamen supuestamente minimizó el trabajo pericial de la empresa contratada por la Suprema Corte, ello con el objeto de consultar con su equipo de abogados para presentar una eventual demanda en las Cortes Norteamericanas.
Por todo lo anterior, repudiamos categóricamente los intentos gubernamentales por desviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la identificación de responsables y la atribución de responsabilidades, que surjan del dictamen que en definitiva emita en uso de sus facultades constitucionales.
B) En los patéticos cabildeos que Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam Toumeh, Eduardo Bours Castelo, Wilebaldo Alatriste Candiani, entre otros funcionarios y ex funcionarios federales y estatales, apoyados por el Secretario de Gobernación, quienes de una manera ostensible han estado entrevistándose con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratando de torcer la recta aplicación de justicia que esos juzgadores terminales deben emitir.
Es reprobable que, a pesar de que todos los funcionarios cabilderos en sus momentos tuvieron la oportunidad de defenderse, por sí o a través de abogados, tanto ante la Comisión Investigadora, como ante el propio Ministro Ponente Arturo Zaldívar, durante la presente semana, y en vísperas de que el Pleno de nuestra máxima instancia de justicia se apreste a discutir el caso de la violación grave de garantías en el incendio de la Guardería ABC, todavía continúen realizando gestiones oscuras para lograr la impunidad.
No deja de llamar la atención el hecho de que en su momento, todos esos funcionarios y ex funcionarios de una manera u otra se refirieron a la investigación que estaba haciendo la Suprema Corte, diciendo que al carecer de efectos vinculantes, es decir, obligatorios, el dictamen que dicho tribunal emitiera, no tendría ninguna validez ni fuerza legales, y que ahora, ante la inminencia de que el proyecto, que no es todo lo mejor que quisiéramos, elaborado por el Ministro Zaldívar, eventualmente se convierta en la resolución definitiva que los impute como responsables directos e indirectos, evidencian su cobardía y falta de valor civil, para encarar las consecuencias de sus actuaciones ilícitas.
C) En las groseras manifestaciones que empleados del Seguro Social, abogados adictos a los poderes fácticos y políticos, así como ex funcionarios del Sector Salud Federal, han venido emitiendo para favorecer la impunidad de Juan Molinar Horcasitas y de Daniel Karam, por un lado, y de todos los implicados en el crimen que le costó la vida y lesionó a decenas de nuestr@s niñ@s, todo ello sin tomar en cuenta que no obstante nuestra lucha decidida, hasta el momento no se ha impartido justicia, precisamente a causa de las complicidades de los detentadores del poder.
Tomando en cuenta todo lo anterior, nos vimos precisados a acudir directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitarle respetuosamente que no se dejara influir ni doblegar por los ruegos que disfrazan exigencias indebidas, de los servidores públicos y ex funcionarios federales y estatales, que están echando mano de todo el poder del Estado, para burlar la justicia.
Así fue como durante los días miércoles y jueves anteriores, nos entrevistamos con varios Ministros a quienes les participamos nuestros temores de que el Gobierno Federal, con las presiones indebidas que realizan sus funcionarios del más alto nivel,  logre torcer la vara de la justicia en perjuicio de todas las víctimas del incendio en la Guardería ABC de esta ciudad de Hermosillo, Sonora.
Atentamente
Manuel Alfredo Rodríguez Amaya y José Francisco García Quintana
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A.C.

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