martes, octubre 13, 2009

Acto de Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí.

Se les envía el discurso de la Dip. Beatriz Benavente Rodríguez, comentado en el:

Acto de Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí.
La acción de inconstitucionalidad una oportunidad para la Democracia y el Estado Laico


En mayo la iniciativa de la fracción panista y sin un trabajo de análisis o consulta previa, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al artículo 16 de la Constitución Política del Estado para proteger la vida “desde el momento de su inicio en la concepción”.

Ni al interior de la Comisión legislativa de Derechos Humanos y Equidad de Género, ni durante el Pleno en que se discutió y aprobó el dictamen, se realizo ejercicio alguno tipo de análisis o debate. Tampoco sucedió al interior de los cabildos cuando se les remitió el dictamen para su aprobación, y el tema corrió como un mero trámite administrativo, sin que Congreso o Cabildos ejercieran un proceso de reflexión sobre el sentido de su voto o las consecuencias del mismo. Desde luego que nunca se abrió el tema a foros de participación ciudadana, donde las mujeres o las organizaciones de la sociedad civil pudieran dar a conocer sus puntos de vista. De tal forma que las reformas y adiciones al artículo 16 se realizaron de una manera subrepticia, orientadas solo por la conseja ideológica de impulsar por consigna este tema siguiendo una agenda predeterminada que estima que las mujeres deben ser limitadas en su vida, su cuerpo y su sexualidad por disposición de ley y sin ser consideradas siquiera, siendo tratadas como ciudadanas de segunda y objeto de discriminación por razón de nuestro sexo.

Hay que decirlo también, pocas voces se alzaron para advertir o denunciar las reformas a la constitución local. La debilidad de las organizaciones de la sociedad civil potosina, así como el carácter conservador de nuestra sociedad, explican que este tema no concite localmente muchas adhesiones. Aún así, personas con una amplía trayectoria como defensoras de los derechos humanos, así como algunas organizaciones ciudadanas, con el apoyo de redes y organizaciones nacionales, decidieron enfrentar la reforma haciendo uso de los recursos jurídicos al alcance.

Luego de la publicación de las reformas y adiciones a la constitución local en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el 3 de septiembre del 2009, en un primer momento la batalla se concentró en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que, con un Consejo plural de reciente creación impulsó a su interior un proceso de reflexión desde la perspectiva de derechos y equidad de género sobre el tema , plantearon la propuesta de interponer la acción de inconstitucionalidad en atención a las facultades que desde el 2006 el Congreso de la Unión les otorgó a los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los estados, para que puedan interponer tal recurso en contra de leyes que afecten los derechos humanos incluidos por supuesto, los derechos de las mujeres.

Sin embargo, con fecha 21 de septiembre, un empate al interior del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo que la decisión de interponer la acción de inconstitucionalidad se debiera plegar al voto de calidad del titular, quien resolvió no hacer uso de tal facultad.

Para entonces, apenas una semana antes, se había instalado la nueva legislatura, y con ello la composición de las fuerzas y el nuevo equilibrio entre ellas abría la posibilidad de impulsar desde este espacio la acción de inconstitucionalidad. Desde el momento mismo de la decisión del Ombudsman local, un grupo de defensores de los derechos humanos, algunas organizaciones de la sociedad civil y hasta Consejeros de la CEDH me abordaron para solicitarme impulsar el tema entre los congresistas.

LA NUEVA LEGISLATURA POTOSINA

Tanto la llegada de una nueva administración, de distinta extracción a la panista, así como una nueva conformación del congreso local, han creado también nuevas condiciones en nuestra entidad.

LAS RAZONES

Entre las muchas aristas que las reformas al artículo 16 de la constitución potosina conlleva, está el asunto de si es aceptable que una determinada forma de entender la realidad, en este caso desde la perspectiva ética y religiosa propuesta por un determinado grupo social -sea minoritario o amplio- puede obligar, a través de las leyes del estado, a otros grupos -amplios o minoritarios- a actuar de acuerdo con dicha visión ética.

Yo soy católica, y mis creencias religiosas han moldeado en buena medida mi conciencia ética, ¿debo por ello obligar a los demás a actuar de acuerdo a mi código de ética moldeado por mis creencias religiosas? o más aún, si teniendo responsabilidad en la conformación del Estado, como legisladora en mi caso, ¿debo utilizar al Estado y sus leyes para obligar a que los demás actúen de acuerdo a mi conciencia ética moldeada por elementos religiosos? ¿debo utilizar al estado y sus leyes para impedir que los demás actúen en conformidad con su conciencia, haya sido o no, moldeada por elementos religiosos distintos a los míos? En ello estriba la diferencia entre un estado confesional y un estado laico.
¿Debemos los católicos que participamos en política construir un estado laico o un estado confesional? ¿Un estado que asegure la libertad de conciencia o uno que restringa tal libertad de conciencia amoldándose sólo a la forma de conciencia católica? No tengo la menor duda que los católicos que intervenimos en la política debemos impulsar la construcción de un estado en el que los mexicanos y las mexicanas puedan ejercer sus preferencias y diversidades de todo tipo: religiosas, culturales, políticas, ideológicas, sexuales, y tantas más que existen, en un marco legal que las respete y garantice plenamente.

El estado laico debe asegurar a todos los que lo integran, independientemente de su religión, género, orientación sexual, edad, grupo étnico, y cualquier otra forma de diversidad individual o colectiva, las condiciones que aseguren su libertad de actuar, lo cual incluye la libertad de conciencia y, en este caso, de la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo.

Suscribo plenamente la idea de que los derechos fundamentales son la esfera de lo “indecidible”, de lo que no puede ni debe ser decidido por las mayorías políticas (democracia), ni por el mercado (los poderes fácticos). Los derechos fundamentales, como sabemos, constituyen los vínculos sustanciales normativamente impuestos tanto a las decisiones de la mayoría como al mercado[1]. Los derechos fundamentales, como la libertad de consciencia y el de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, son el elemento sustancial tanto del Estado de derecho como de las democracias Constitucionales, ya que el quien decide y el como se decide, efectivamente depende de los sistemas electorales-democráticos, pero hay un qué, un contenido, unos principios sustanciales, sobre los que no puede decidirse, esos son los derechos fundamentales.

Sin embargo, no toda la sociedad es plenamente consciente de ello, y ciertos sectores políticos pretenden algo distinto, en tal sentido agradezco su apoyo y los invito a estar pendientes del curso tanto jurídico de la acción de inconstitucionalidad presentada, como del contexto y las reacciones que puedan generarse. Muchas Gracias

No hay comentarios.: